La ética para la transparencia de la gestión pública

 

GLORIA PATRICIA FIGUEROA OVALLE*

La ética puede comprenderse desde su desarrollo occidental, como un saber que busca orientar la acción de los seres humanos de manera racional para obrar bien (Cortina , Conilla , & García- Marzá, 1996). Este modo de saber ético tiene como objetivo establecer las formas de deliberación que permita tomar las mejores decisiones a partir de la reflexión, antes de optar por una acción en particular, y si bien las circunstancias pueden influir en optar por determinadas conductas, es necesario señalar lo que A. Cortina trae de las palabras de Ortega “Yo soy yo y mis circunstancias y si no salvo mis circunstancias, tampoco me salvaré yo”, (Cortina, 1996, p.18).

Desde estos postulados la ética tendría como primer sentido, desarrollar el saber que orienta el carácter (desde la etimología -  ethos que significa fundamentalmente carácter o modo de ser), de modo tal que sea posible reconocer los elementos que sean potenciales a modificar, forjando de esta forma un buen carácter, que termine aportando en la toma de buenas elecciones y así  “vivir bien”, a partir de una meta establecida y con unos modos de actuar. 

Y si bien estos aspectos podrían considerarse específicamente del ámbito privado, es necesario ampliar las fronteras de éstas prácticas y suponer que debe estar inscrita en la esfera pública, particularmente en dos sentidos, el primero desde la ética del funcionario público, y el segundo desde el ethos de la administración pública. 

Para el primer caso, el funcionario público el ethos que desarrolla en la vida privada, debe replicarse en la vida pública, a partir de un saber que oriente sus decisiones hacia lo que les brinde la felicidad, y aunque este concepto es ambiguo, tendría que situarse en lo que es un bienestar individual, que no afecte el colectivo. Lo que puede considerarse un problema, si no se tiene un sentido de comunidad e impere una escala valorativa en donde prime los valores de la escala individual, sobre los comunitarios. 

Para el segundo caso, el ethos de la administración pública y que involucra la toma de decisiones de manera racional para la búsqueda de un fin, en un marco de ética pública y que señala principios y valores con el fin de lograr el bienestar para la colectividad y el mejor logro de la convivencia,  (Naessens, 2010). Es por tanto una característica fundamental para que la corrupción no llegue a la función pública, sea por parte de los gobiernos, o por las administraciones públicas de cualquier nivel, y que viene conectado directamente con la naturaleza de los funcionarios que allí se encuentran. Precisamente para materializar estos planteamientos y realizar un análisis de cómo la naturaleza humana, tiene efectos en las esferas privadas y públicas del individuo, con efectos que pueden ser negativos si no se cuenta con un ethos, se presenta a continuación un caso de corrupción que afectó el escenario de la administración educativa universitaria de Bogotá. 

El ingeniero civil Wilman Muñoz fue profesor y funcionario público de la Universidad Distrital por casi veinte años, ingresando a la institución en el año 2000, como docente y partir del 2012 se encargó de la Dirección del Instituto de Extensión de la Universidad, con la función de obtener para la misma, proyectos que reportaran ingresos adicionales al presupuesto asignado y que permitiera su sostenimiento y desarrollo. Desde allí y para lograr una mayor autonomía del Instituto, se realizó una reforma que le permitió centralizar en la Dirección todo el manejo de los proyectos de toda la Universidad, condición que le reconoció una gran autonomía particularmente financiera, al tener la capacidad de crear cuentas bancarias independientes para el funcionamiento del Instituto y la ejecución de contratos, convenios y proyectos, (Hernández Osorio, 2019).

Además de la capacidad financiera, que fue usada para la desviación de recursos públicos en favor de particulares – es decir del mismo director y otros funcionarios-, la función de contratación, le permitió crear la SAR – Servicios Académicos Remunerados- como dependencia que contrata a profesores de la misma Universidad para cumplir labores en los contratos, lo que impacto en la posibilidad de incidir en decisiones políticas tales como las elecciones internas  y aumentó el poder del funcionario Muñoz al interior de una institución, que por su naturaleza educativa y pública, debería ser un escenario de deliberación democrática y participativa. 

Este escenario se mantuvo por casi diez años, momento en el que el Rector lo denunció por corrupción, y posteriormente la Fiscalía General le imputó los cargos de peculado por apropiación, falsedad en documento y concierto para delinquir, tanto al exdirector del Instituto de Extensión y a la extesorera del mismo. De acuerdo a la acusación, se creó una empresa criminal que terminó desviando alrededor de $12.000 millones, durante 2015- 2019, que provenían de convenios firmados por el Instituto, (El Espectador, 2018). Frente a estas situaciones, muchos estudiantes de la U. Distrital, marcharon durante varias semanas como muestra de rechazo a la corrupción que se presentó al interior de la institución y frente precisamente a la falta de presupuestos para inversión en el centro educativo. 

Este caso al interior de una institución educativa pública, expone las problemáticas de no lograr el desarrollo de un ethos privado individual, replicado en un escenario público. En la medida que las decisiones personales, no sean tomadas de manera racional pero encaminadas hacia el bienestar y el logro de lo que es justo, se complica el desarrollo de la ética pública como instrumento fundamental para evitar la corrupción.

De manera reciente se han conocido casos de carruseles de la corrupción en alcaldías de ciudades intermedias,  o de ciudades principales del país, los ejemplos que se presentan a diario tanto en el escenario público, como privado remiten a considerar el concepto del lo público como sagrado y de la ética, como enfoque de acción. 

Como lo señala (Naessens, 2010), la crisis de valores actuales se refleja en el comportamiento de los funcionarios y pone de manifiesto la necesidad de promover la ética pública como una forma de detener estas prácticas, a lo que se debe sumar que criterios administrativos como la transparencia, que establece la información de carácter público y la importancia del derecho a la información, los que son fundamentales para un control social, que invite y convoque a que la ética pública sea central en el desarrollo de las administraciones públicas de todos los niveles y sectores. 

Es por ello que la construcción de una cultura ética, debe ser no sólo parte del comportamiento de los funcionarios, de la naturaleza misma del sector público, y de la vida cotidiana, dado que la toma de decisiones debe estar guiada por el buen vivir, que no debe confundirse con el vivir bien, dado que puede derivar en comportamientos justificables desde un concepto de lo que cada individuo considera justo para sí.

* Politóloga Universidad Nacional. Magistra en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial. Docente investigadora, mamá, cinéfila y lectora. Correo: gloriapfo@gmail.com