Petróleo, deudas y transición energética
En general, cualquier transición energética, implica transformaciones en la producción, debería abarcar cambios en los patrones de consumo, y de comportamiento, además de variaciones en la estructura tributaria. También puede ser muy costosa, por los cambios técnicos, y por los costes sociales y ecológicos.
Las actuales transiciones energéticas son sucias. Por un lado dependen de la extracción de combustibles fósiles. Por el otro lado son, intensivas en extracción de diversos minerales (litio, cobre, zinc, tierras raras, etc.). Quizás, las inercias estructurales de una economía re-primarizada como la colombiana, impliquen seguir con el extractivismo, e importar paneles solares y turbinas eólicas. Esto, sin duda, tendería a aumentar la deuda soberana y, además, a empeorar la deuda ecológica.
Una moderación en el consumo energético (con ostensible reducción de la huella ecológica, y decididos pasos hacia el decrecimiento), implicaría ciertos costes de oportunidad, como sacrificios en crecimiento y productividad, e impuestos y rentas que se dejarían de percibir.
Un mera variación en la matriz energética, sin transformaciones importantes en el modelo económico, tornaría vano cualquier cambio y nos recordaría la terrible sentencia de Lampedusa: “si queremos que todo permanezca como está, es necesario que todo cambie”.
La naturaleza no aparece en los enfoques de la economía convencional que, por lo demás, es gatopardista. Tal es el reduccionismo de estos modelos, que el proceso económico se reduce a un ciclo cerrado entre empresas, familias, y el Estado (donde la producción resulta del trabajo y el capital). Uno de los grandes aportes del heterodoxo Georgescu-Roegen, es el de la bioeconomía, pues permite mostrar que la economía es una derivación de la biología, y el proceso económico está inmerso en la naturaleza. En el enfoque bioeconómico se constata que todas las economías son de gasto, pues de la naturaleza tomamos, gratuitamente, energías, materia y diversas formas de vida, sin las cuales sería imposible cualquier proceso productivo.
En el reciente artículo, “The Hijacking of the Bioeconomy”, publicado en Ecological Economics, se denuncia que políticos, ciertos “académicos” y la tecnocracia de instituciones como el Banco Mundial, ha secuestrado el término bioeconomía para bautizar engañosas opciones de cambio. Una de esas modas, alude a cierta modalidad de extractivismo verde, centrado en explotar la biodiversidad, los recursos biológicos y diversos componentes de la biomasa para alimentar un crecimento, supuestamente, verde.
Causa desazón que en la propuesta del nuevo plan de desarrollo esté presente la bioeconomía, como la palabreja de moda, que alude al tal crecimiento verde. Genera desasosiego que las voces autorizadas del gobierno sigan hablando de que producimos carbón, petróleo, gas, etc., cuando, en realidad, lo único que hacemos es percibir una renta por la extracción de recursos naturales no renovables (que la naturaleza se ha tardado en producir, durante cientos de millones de años). La llamada producción de bienes y servicios es una especie de destrucción creativa, una transformación de materias, energías y formas de vida que, además, aumenta la entropía. Siguiendo esa perspectiva habría que preguntarse si acaso existe alguna industrialización, y alguna modalidad de turismo que no aumenten la entropía. Para comenzar a responder tales interrogantes, habría que tomar en cuenta que, el sólo transporte de materias primas, y de personas, especialmente si es internacional, aumenta, ostensiblemente, la huella ecológica.
Desde diversos sectores del gobierno hay quienes afirman, contundentemente, que sin petróleo, resulta imposible hacer la transición energética.
En sus expectativas está la meta factible de extraer un millón de barriles diarios, pues el ritmo de extracción de un hidrocarburo es una variable que está bajo control de las empresas extractivas. No obstante, los fluctuantes e inciertos precios internacionales de este recurso energético no dependen ni del gobierno, ni del sector público, ni de la sociedad colombiana. Así las cosas, podrían existir extremos afortunados como, por ejemplo, un barril de petróleo a US$100 con un dólar por encima de los $5.000; de otro lado, podrían surgir situaciones desafortunadas como la de un barril de crudo a US$20 o, incluso, a precios negativos (como en los pandémicos meses del 2020), que no serían rentables aún con dólar caro.
A lo anterior debería agregarse que las rentas petroleras están muy lejos de ser un abundante maná que cae de los cielos. Las rentas del crudo fueron de 2.6% del PIB en 2020, mientras en 2011 eran casi del 7% del PIB y, desde entonces, hay una enorme caída.
En diversos diarios económicos se anuncia que Ecopetrol le aportaría este año a la Nación $52,5 billones, de los cuales $29 billones serían producto de dividendos, $12,5 billones de impuestos y $11 billones en regalías. La parte triste de tal historia es que la mitad de ese ingreso iria a pagar el fondo de estabilización de combustibles.
La esperanza en el maná petrolero comienza a desvanecer cuando se leen algunos estimativos, a cerca del cuantioso costo de la una transición energética convencional. Según el exministro Mauricio Cárdenas, esta costaría entre el 8 al 11% del PIB por año. Esto cuadruplica o quintuplica las exiguas rentas petroleras que percibe el Estado.
Al examinar las cifras del Plan de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la vida”, al menos se constata la existencia de algún dinero disponible para las importantes, e inaplazables, transformaciones. Para el rubro que comprende “transformación productiva, internacionalización, y acción climática”, se destinarían poco más de 114 billones durante el cuatrienio. Para un rubro tan crucial como “el ordenamiento del territorio en torno al agua, y la justicia ambiental”, se asignarían tan sólo 28 billones de pesos.
Acertadamente, los autores del plan de desarrollo propuesto, sostienen que la paz es transversal a los pilares del plan. No obstante, habría que añadir que la paz no se reduce al cése de la agresión entre los seres humanos, sino, además, y más importante, a la supresión de la guerra de la humanidad en contra de la naturaleza. Ese ha sido el gran legado de filósofos como Walter Benjamín (tesis sobre la historia), y está presente en los aportes de uno de mis textos colectivos (Nonviolent Political Economy).
En Colombia existe una enorme deuda ecológica, por ejemplo, con los rios y otros acuíferos contaminados por la extracción de petróleo y de oro. Viajar a la ciénaga de Miramar en Barrancabermeja, o a los lúgubres pueblos de minería aurífera como Marmato y Segovia, es experimentar un poco el infierno, y sospechar que hay daños irreparables. ¿habrá alguna suma suficiente de dinero para pagar esta enorme deuda con la naturaleza?
El horizonte se torna completamente oscuro, a la manera de un túnel de no futuro, cuando se hacen unas simples cuentas de la otra enorme deuda soberana del país. Este endeudamiento, a diciembre del año pasado, ascendía a un 61% del PIB. El pago por los onerosos servicios de la deuda pública, para el 2022, representó 68.4 billones de pesos. Para el 2023, estos pagos ascienden a 78 billones de pesos, un 5.3% del PIB. Fácilmente, en un cuatrenio, se podrían estar pagando unos 300 billones, o más.
La cruda realidad es que Colombia no es un país ni petrolero ni cafetero, sino más bien, una nación bastante endeudada. Los gobiernos anteriores han hecho sus buenos oficios para, mediante el irrestricto extractivismo, y el persistente recurso del endeudamiento, dilapidar los recursos del porvenir.
El actual gobierno del cambio parece persistir en tal inercia. La mala costumbre de endeudarse ha sido invocada por el mismo Presidente Petro, en el loable objetivo de hacer una tentativa de reforma agraria (acudiendo a la deuda soberana, para comprar unos miles de hectáreas para darlas a los campesinos despojados). También, graciosamente, este recurso ha sido apelado por David Racero, quien defendía la compra de los ominosos aviones de guerra.
En medio de esta encrucijada, grandes economistas como Henry George, dan algunas luces, y aquí se citan tres: i) de no poder expropiar las tierras y minas, al menos deberían imponerse tributos cuasi-expropiatorios a las rentas asociadas a tales recursos; ii) las rentas deberían ser públicas; iii) en una perspectiva intergeneracional, todos los recursos resultan posicionales, y somos como una especie de pasajeros en un tren, que debemos dejar espacio, y recursos para los pasajeros que se habrán de subir en las próximas estaciones.


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